COMUNICADO DE PRENSA LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE TURQUÍA EMITEN SU OPINIÓN FINAL

El Tribunal de Turquía fue seguido por 5 observadores para garantizar la imparcialidad e independencia del tribunal. Su declaración se adjunta a este comunicado de prensa.
En lugar de comprometerse de alguna manera con las pruebas presentadas y escuchar las declaraciones de los testigos de los ciudadanos turcos que buscan justicia, el Gobierno turco intentó que se cancelara el evento. Sus intentos de silenciar al Tribunal de Turquía fracasaron.
El Tribunal de Turquía ha demostrado que la gente quiere que se juzguen públicamente las pruebas presentadas. Además de una audiencia con capacidad, cada día unas 70.000 personas vieron la transmisión en directo del evento en el canal de YouTube en 85 países. A medida que las pruebas y las declaraciones de los testigos se iban publicando en línea, se alcanzaron más de un millón de impresiones en Twitter, con 1.404.828 el jueves. Algunas entrevistas individuales en la web alcanzaron más de 60 000 visualizaciones.
El jefe del Tribunal de Turquía, el profesor Dr. Em. Johan Vande Lanotte, Ministro de Estado belga (título honorífico) declaró que,
“Este nivel de interés sin precedentes en los procedimientos del Tribunal de Turquía ha puesto de manifiesto la necesidad de romper el silencio y examinar este enorme conjunto de pruebas de forma legal y forense. Este tribunal ha dado por fin una voz fuerte a todos los millones de turcos que se han visto obligados a sufrir estas violaciones de los derechos humanos.”
Vande Lanotte concluyó:
“Con este dictamen inequívoco de los jueces, seguiremos adelante para llevar al gobierno de Erdogan ante la Corte Penal Internacional”.
SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EL DICTAMEN FINAL COMPLETO DE LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE TURQUÍA:
OPINIÓN FINAL DEL TRIBUNAL DE TURQUÍA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1. Como Tribunal de Opinión, el Tribunal de Turquía tiene como mandato evaluar e informar de forma independiente sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos que tienen lugar bajo la jurisdicción de Turquía. Este Dictamen no es jurídicamente vinculante, pero puede servir como fuente, con autoridad moral, para crear conciencia. De hecho, el silencio es el mayor enemigo de los derechos humanos fundamentales.
2. El Tribunal es independiente. Todos sus jueces tienen experiencia en el ámbito de los derechos humanos. Tres de ellos fueron jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno de los jueces del Tribunal fue magistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, el Tribunal Supremo de dicho país. Uno de los jueces ocupó altos cargos en las Naciones Unidas. Otro juez ocupa un alto cargo en una reputada organización internacional de la sociedad civil. Todos los jueces son o fueron profesores en universidades de renombre. Ninguno de los jueces del Tribunal tiene vínculos con Turquía ni con ninguna otra parte que pudieran dar lugar a un favorecimiento indebido o a un sesgo contra Turquía. Desempeñaron su tarea de forma gratuita. Este dictamen unánime es el resultado de una seria reflexión y un intenso debate.
3. La audiencia del Tribunal fue una experiencia esclarecedora y profunda. Es de esperar que contribuya a aumentar la vigilancia sobre la situación de los derechos humanos no sólo en Turquía, sino también en la región y, de hecho, en todo el mundo.
4.El dictamen del Tribunal se basa en el derecho internacional y europeo de los derechos humanos y en la información puesta a disposición del Tribunal por los relatores expertos y en el testimonio de los testigos.
5. En la medida en que el gobierno de Turquía podría haber estado en condiciones de poner ante el Tribunal información o presentaciones relevantes para el mandato del Tribunal, es lamentable que haya optado por no hacerlo.
6. Los informes periciales presentados al Tribunal fueron exhaustivos, detallados y completos. Contenían información muy valiosa.
El dictamen del Tribunal se basa en la totalidad de la información que se desprende de los informes y de los testimonios orales.
7. Como consecuencia de la variada naturaleza de los temas tratados, la naturaleza de la presentación y el contenido de los testimonios orales de los testigos fueron necesariamente diferentes. Los testigos contaron las historias de sus respectivas experiencias. Las fragilidades humanas, comprensiblemente a veces, salieron a relucir. Algunos testigos estaban nerviosos y otros emocionados. Unos pocos mostraron síntomas de trauma y es de esperar que reciban atención médica o psicológica. El Tribunal reconoce la valentía mostrada por los testigos durante su testimonio y su contribución a romper el silencio.
8. Algunos de los testimonios presentados fueron conmovedores; y otros, algo escalofriantes. Un testigo, por ejemplo, dijo que cuando preguntó a sus secuestradores dónde estaba, le dijeron que estaba “en un lugar que ni existe, ni no existe”. Otros contaron al Tribunal no sólo cómo habían sido torturados físicamente, sino también las amenazas de que sus esposas e hijas serían violadas. El Tribunal es consciente de las consecuencias a largo plazo, y tal vez eternas, de las graves violaciones de los derechos humanos para las generaciones futuras. El Tribunal espera que su dictamen inspire y fomente la mejora del respeto y la protección de la dignidad y los derechos humanos de todos.
9. Los testigos no declararon bajo juramento. Debido a la ausencia del Gobierno turco o de sus representantes, los testimonios no se probaron, por ejemplo, mediante un contrainterrogatorio. Pero ninguno de los testigos contradijo a otros testigos ni el contenido de los informes. De hecho, varios corroboraron la información de los informes.
10. El Tribunal tiene como mandato abordar cuestiones sobre seis temas: la tortura, los secuestros, la libertad de prensa, la impunidad, la independencia judicial y si los actos del Gobierno turco constituyen un crimen de lesa humanidad. Por supuesto, estos temas tienen muchos elementos en común. Por ejemplo, alguien que es secuestrado y desaparece, suele ser torturado. Sin una prensa libre que informe sobre los acontecimientos, las quejas y las denuncias, el público y la comunidad internacional no conocerían el secuestro y la tortura. Este silencio y la ignorancia hacen que no se investigue el asunto ni se lleve a los tribunales. Si además se intimida a la abogacía y el poder judicial no es independiente, la impunidad será necesariamente la consecuencia.
11. Ahora permítanme expresar la opinión del Tribunal sobre los seis temas:
La tortura
12. El Tribunal opina que existe un uso sistemático y organizado de la tortura en Turquía, en particular contra las personas que se considera que están vinculadas o apoyan al pueblo kurdo y al movimiento Gülen, así como contra las personas sospechosas de delitos comunes.
13. El Tribunal recuerda que Turquía está obligada por la prohibición internacional de la tortura. Aunque reconoce que Turquía declaró el estado de emergencia tras el intento de golpe de Estado y notificó al Consejo de Ministros su derogación del CEDH el 20 de julio de 2016, reitera que la prohibición de la tortura consagrada en los documentos jurídicos internacionales aplicables es absoluta y que no es posible ninguna derogación.
14. Las declaraciones de los testigos son coherentes con el resto de la información que se presentó al Tribunal en relación con el uso sistemático y organizado de la tortura y confirma el patrón predominante en los actos de tortura. A este respecto, el Tribunal reitera que no está llamado a pronunciarse sobre casos individuales de tortura, sino a formular una opinión sobre la situación global de los derechos humanos en Turquía.
15. El Tribunal observa en particular que las amenazas de tortura a los familiares, especialmente la violación de la esposa y la hija, afectaron a algunas de las víctimas más que los actos físicos de tortura a ellos mismos. En este sentido, el Tribunal se une al reconocimiento por parte de algunas instancias internacionales de que el sufrimiento mental de las personas que se ven obligadas a ver cómo se infligen graves maltratos a otras, puede alcanzar el nivel de gravedad exigido por el crimen internacional de tortura.
16. Además, el Tribunal reconoce que el arresto arbitrario, la detención y la tortura tienen un impacto grave y duradero en las víctimas, no sólo a nivel físico y mental, sino también a nivel social. En este sentido, el Tribunal observa que algunas personas, tras su salida de prisión, fueron rechazadas por su familia y sus comunidades. Este rechazo social puede llegar a ser insoportable para ellos, influyendo en su decisión de huir del país.
17. Por último, el Tribunal reitera la obligación del Estado turco de tomar medidas para prevenir e investigar las denuncias de malos tratos.
18. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la conducta de Turquía no es conforme a sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Los secuestros
19. En lo que respecta a los secuestros, el Tribunal opina que los secuestros forman parte de la acción del Estado hacia los supuestos opositores políticos y que las quejas y denuncias de secuestros no se investigan adecuadamente. Aunque Turquía no es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tiene sin embargo obligaciones en virtud del ius cogens.
20. Hay motivos razonables para aceptar lo siguiente: las presuntas víctimas son privadas de su libertad de forma arbitraria y al margen de un procedimiento legal formal; los funcionarios
gubernamentales turcos están implicados, al menos indirectamente por aquiescencia, en su privación de libertad; y las autoridades turcas se niegan a revelar la suerte y el paradero de las personas afectadas. Por lo tanto, según el derecho internacional, los secuestros equivalen a desapariciones forzadas.
21. El Tribunal observa además un patrón recurrente utilizado para ejecutar las desapariciones forzadas. En lo que respecta a las desapariciones forzadas internas, en primer lugar, los autores no parecen preocuparse por una intervención de las autoridades policiales, ya que las privaciones de libertad forzadas se llevan a cabo a plena luz del día, en presencia de testigos o cámaras de seguridad; en segundo lugar, los secuestros se llevan a cabo de manera similar, es decir, utilizando el mismo tipo de vehículos, a menudo provocando un accidente de tráfico y colocando una bolsa sobre las cabezas de las presuntas víctimas, tras lo cual son empujadas a un furgoneta negra.
22. En cuanto a las desapariciones forzadas extraterritoriales, el Tribunal observa las siguientes situaciones recurrentes: el secuestro extraterritorial es incitado por Turquía mediante la cancelación del pasaporte del secuestrado, lo que da lugar a su detención cuando viaja, o es ejecutado por la Organización Nacional de Inteligencia turca sin el consentimiento formal del Estado anfitrión o se lleva a cabo con el consentimiento formal del Estado anfitrión, al margen de un procedimiento legal formal.
23. El Tribunal opina que la desaparición posterior durante un período prolongado y la detención arbitraria no se ajustan al derecho internacional.
24. Sobre la base de la información presentada al Tribunal, hay motivos razonables para llegar a la conclusión de que las desapariciones forzadas en el país son llevadas a cabo por funcionarios del MIT u otras personas que trabajan con o para el Estado turco. El Tribunal observa que Turquía reconoce públicamente su participación y, por lo tanto, su responsabilidad en relación con las desapariciones forzadas en países distintos de Turquía.
25. Además, el Tribunal opina que las quejas y denuncias de estas desapariciones forzadas no se investigan efectivamente.
26. El Tribunal concluye que Turquía no actúa de conformidad con su obligación positiva de investigar según el derecho internacional y que no existe una protección efectiva de los derechos a la libertad, la integridad personal y la vida de los presuntos opositores al gobierno.
La libertad de prensa
27. El Tribunal opina que la represión contra la prensa y la libertad de expresión apunta a una política más amplia del Estado para silenciar las voces críticas y limitar el acceso de la población a la información.
28. El Tribunal reitera el papel indispensable de la libertad de expresión en la promoción de los principios democráticos, incluyendo la transparencia y la responsabilidad. Una prensa libre sólo puede desempeñar su papel en la sociedad democrática si se garantiza el acceso a la información y la libertad de difundirla. Por lo tanto, la libertad de prensa funciona como un “vigilante” necesario para la responsabilidad del gobierno y el respeto de los derechos humanos.
29. Este Tribunal reconoce con preocupación lo siguiente: la difícil situación de los periodistas que permanecen en prisión preventiva o de larga duración; los procesamientos y las graves condenas por injurias o difamación del presidente o del Estado; la criminalización de los periodistas que cubren cuestiones kurdas y armenias; la recurrente violencia física y mental infligida a los miembros de la prensa y de los medios de comunicación; la aplicación de ambiguas disposiciones legales sobre difamación, injurias y terrorismo contra ellos; el abuso de los poderes de excepción, así como la injerencia directa y continua de las autoridades del Estado en los asuntos internos de la profesión periodística.
30. El principal ámbito de tensión entre el gobierno y sus medios de comunicación se sitúa en la esfera pública y política. La expresión política, que incluye la expresión relativa al interés público, es la forma más protegida de la libertad de expresión. Esto no quiere decir que esta libertad no pueda estar sujeta a excepciones, pero como ha establecido el TEDH, dichas excepciones “sin embargo deben estar sólidamente fundamentadas, y la necesidad de establecer cualquier tipo de limitación debe establecerse de forma convincente”.
31. Los medios de comunicación turcos tienen el deber para con el público de informar sobre asuntos de interés público, incluido el terrorismo, incluso en un contexto de violencia política. En la lucha contra el terrorismo, el Estado puede imponer ciertas restricciones a la prensa, pero éstas deben seguir estrictamente una prueba de equilibrio para garantizar que se ajustan al derecho internacional.
32. El Tribunal reconoce la difícil y preocupante situación política en la que se producen muchos de los casos denunciados de injerencia en los medios de comunicación, en particular tras el intento de golpe de Estado de 2016. No se puede negar que el terrorismo supone una importante amenaza para la democracia y la estabilidad en Turquía, como en otros lugares. Sin embargo, una de las principales características de la democracia es que ofrece la posibilidad de resolver los problemas a través del debate público, como ya se ha hecho a menudo. La persecución penal y la detención de periodistas por el mero hecho de informar sobre temas políticos delicados pero importantes es en sí misma una forma de interferencia directa con la libertad de prensa y tiene un efecto amedrentador que puede dar lugar a la autocensura.
33. La restricción de la libertad de expresión, en particular de la libertad de prensa, mediante el uso extensivo de la criminalización, el enjuiciamiento y la detención preventiva de periodistas, se ha visto exacerbada por los acontecimientos del 15 y 16 de julio de 2016. Estas restricciones impiden tanto a los medios de comunicación como al público el ejercicio activo de estas libertades, esenciales en una sociedad democrática. Además, afectan profundamente a las familias y comunidades de sus destinatarios directos.
34. A la luz de lo anterior, el Tribunal opina que la conducta de Turquía, en lo que respecta a la libertad de prensa, no cumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
La impunidad
35. El Tribunal opina que en Turquía ha existido una cultura de impunidad persistente e imperante desde 1980, que ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, especialmente desde el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.
36. El Tribunal reconoce que el Informe identifica cinco causas interconectadas que contribuyen a la impunidad y muestran la naturaleza organizada e institucionalizada del problema: (i) la estructura legal deficiente, (ii) la retórica política que refuerza los patrones de impunidad, (iii) la falta de voluntad política para hacer que los agentes del Estado rindan cuentas, (iv) las investigaciones ineficaces y retrasadas de los fiscales, y (v) la falta de un poder judicial independiente.
37. El Tribunal observa que la falta de investigaciones efectivas sobre las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura y las desapariciones forzadas, es el resultado de la falta de voluntad de los fiscales para iniciar investigaciones sobre los delitos cometidos por funcionarios del Estado. Además, el Tribunal observa que las cláusulas de impunidad de la legislación turca hacen que el enjuiciamiento de los funcionarios, los agentes públicos, las fuerzas de seguridad y el personal de los servicios de Inteligencia -al menos en la práctica- esté sujeto a una autorización de la autoridad administrativa pertinente que está controlada por el gobierno.
38. El Tribunal observa que la cultura de la impunidad está arraigada en el sistema judicial y, más concretamente, en el sistema de justicia penal. Como resultado de la falta de investigaciones efectivas sobre las graves violaciones de los derechos humanos, la falta real y percibida de independencia del poder judicial y la falta de responsabilidad de los autores, los ciudadanos han perdido su confianza en el sistema judicial. Además, las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos están aún más traumatizadas por la falta de acceso efectivo a la justicia.
39. El Tribunal opina que la persistente e imperante impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos no se ajusta a las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional. Además, esta impunidad sostiene e incluso fomenta el uso sistemático y organizado de la tortura y las desapariciones forzadas en Turquía.
La independencia del poder judicial y acceso a la justicia
40. El Tribunal observa que Turquía realizó importantes reformas en su sistema legal y judicial en el período comprendido entre 2010 y 2013. El Tribunal se refiere en particular a la reforma constitucional adoptada en 2010, que amplió las competencias del Tribunal Constitucional para recibir demandas individuales de protección de los derechos humanos y modificó la composición y el procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales. Esta reforma fue un paso en la dirección correcta para asegurar la independencia judicial y garantizar el acceso a la justicia de los individuos en caso de violaciones de los derechos humanos.
41. Sin embargo, el Tribunal observa con preocupación que, a pesar de que el marco jurídico aplicable ofrecía salvaguardias eficaces, el Estado de Derecho se desestabilizó muy rápidamente con la reacción del gobierno a la protesta del parque Gezi en junio de 2013 y, además, con la amenaza concreta de enjuiciar a altos funcionarios del Estado por corrupción en diciembre de 2013.
42. En primer lugar, el Tribunal observa la adopción de múltiples leyes (enmiendas) que perturban la independencia del poder judicial. En particular, el Tribunal se refiere a la ley de febrero de 2014 que recortó la independencia del Consejo de Jueces y Fiscales. Además, el control político sobre el Consejo de Jueces y Fiscales y el Tribunal Constitucional se reforzó
mediante varias enmiendas a la Constitución aprobadas el 20 de enero de 2017 que modificaron los procedimientos de selección y nombramiento de sus miembros.
43. En segundo lugar, además de los traslados forzosos, el Tribunal observa con preocupación los despidos masivos de aproximadamente 4.560 jueces y fiscales tras el intento de golpe de Estado, sobre la base de una lista elaborada por el Consejo de Jueces y Fiscales.
44. En tercer lugar, el Tribunal observa que varios jueces y fiscales que habían adoptado decisiones o realizado investigaciones desaprobadas por el gobierno, fueron arrestados sumariamente y puestos en prisión preventiva bajo la sospecha de pertenecer a una organización terrorista después del intento de golpe de Estado. Esto constituye, en opinión del Tribunal, una grave intimidación del poder judicial.
45. El Tribunal se refiere a este respecto a las disposiciones penales nacionales en materia de lucha contra el terrorismo, que son demasiado vagas y se interpretan de forma excesivamente amplia, como observó el TEDH en su sentencia de 22 de diciembre de 2020 en el asunto Selahattin Demirtas v. Turquía. Además, el Tribunal observa las amplias limitaciones del derecho de defensa, especialmente en los casos de lucha contra el terrorismo, introducidas por los decretos de emergencia, que en su opinión no son conformes con las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos. El Tribunal también está preocupado por la persecución de abogados y defensores de los derechos humanos. Además, el Tribunal observa que la Ley de junio de 2014 estableció “jueces penales de paz” y les otorgó amplios poderes, como la emisión de órdenes de registro, la detención de personas, el bloqueo de sitios web o la incautación de bienes, sin una revisión efectiva por parte de una autoridad judicial superior.
46. Por último, el Tribunal expresa su especial preocupación por la falta de ejecución de dos sentencias del TEDH que ordenan la liberación inmediata de los detenidos.
47. En opinión del Tribunal y refiriéndose a la falta de independencia del poder judicial, así como a la cultura de impunidad imperante, el acceso efectivo a la justicia y, por tanto, la protección de los derechos humanos fundamentales en el estado actual del sistema judicial en Turquía es ilusoria.
Los crímenes de lesa humanidad
48. El Tribunal reitera firmemente que no tiene un mandato para evaluar la posible responsabilidad penal individual en casos concretos. Sin embargo, el Tribunal está llamado a formular una opinión sobre si los actos de tortura y los secuestros que, en su opinión, han tenido lugar y siguen teniendo lugar en Turquía forman parte de un contexto específico y global que permitiría calificarlos como crímenes de lesa humanidad en virtud de la costumbre internacional.
49. El Tribunal considera que, al menos desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, los actos de tortura y las desapariciones forzadas se han producido de forma sistemática y organizada. En este sentido, el Tribunal observa en particular lo siguiente: el elevado número de casos denunciados; la existencia de equipos especializados en tortura; la falta de investigaciones efectivas y la impunidad reinante de los funcionarios del Estado; el deficiente marco jurídico; la falta de aplicación de las decisiones del TEDH; y el grave y duradero impacto de estas graves
violaciones de los derechos humanos en las víctimas y sus familias. Además, el Tribunal observa que los actos de tortura y las desapariciones forzadas se dirigen específicamente a civiles percibidos como opositores al gobierno.
50. En consecuencia, el Tribunal opina que estos actos de tortura y desapariciones forzadas no pueden considerarse como meros hechos aislados. Más bien, en opinión del Tribunal, deben ser considerados como parte de un ataque generalizado y sistemático contra cualquier población civil que ha tenido lugar en Turquía al menos desde julio de 2016.
51. Por lo tanto, el Tribunal opina que los actos de tortura y las desapariciones forzadas cometidos en Turquía, en las solicitudes presentadas ante un órgano apropiado y sujetas a la prueba del conocimiento específico y la intención de los acusados, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
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Tribunal de Turquía
El Tribunal de Turquía es un tribunal de opinión que no tiene ningún poder legal vinculante, pero que posee una gran autoridad moral debido a sus renombrados jueces. El objetivo del Tribunal de Turquía es examinar en profundidad algunos de los principales problemas de derechos humanos en Turquía y crear más conciencia al respecto.
El Tribunal de Turquía se centra en 6 grupos clave de cuestiones relacionadas con los derechos humanos: la tortura, las desapariciones forzadas, la libertad de prensa, la impunidad, la independencia judicial y la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Puede encontrar más información sobre el Tribunal de Turquía en: https://turkeytribunal.com.
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